DIAGNÓSTICO DE LA ACTUAL LEY DEL CINE 1302
Evaluación de la Ley del Cine vigente, la realidad actual del cine boliviano y propuesta de resultado como anteproyecto de Ley
Escrito por: Nelson Martínez Espinoza
Antecedentes del cine boliviano
Según los datos relacionados con la historia del cine boliviana, las
primeras películas que llegan a la ciudad de La Paz en 1897 fueron
proyectadas en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Es en ese
teatro donde se proyectan las primeras películas silentes, provenientes
principalmente de Europa y Estados Unidos.
En 1904 se da cuenta de los primeros registros filmados en Bolivia. La
primera película nacional habría sido “Retratos de personajes
históricos y de actualidad”.
Es a partir de los años veinte que el país se integra al circuito
mundial de exhibición de películas norteamericanas, que copa el mercado
cinematográfico en el mundo en el periodo de la primera Guerra Mundial,
desplazando a la industria europea.
Desde esa época nuestro país, al igual que los demás países de América
Latina, se convierte en dependiente de la industria cinematográfica de
Estados Unidos.
Fueron Pedro Sambarino, José Velasco María Maidana, Arturo Posnasky,
Luis Castillo, Arturo Borda, Marina Nuéz del Prado, Guillermo Viscarra,
Emmo Reyes, Juanita Tallansier, Mario Camacho, José Jiménez, Raúl
Durán, Matilde Garvía, Donato Olmos, Manuel Sagárnaga, Enrique Mendoza,
Valentina Arze entre muchos otros, técnicos, actores, directores y
productores con quienes se inicia la actividad cinematográfica de dos
géneros en particular, el documental y la ficción.
De los registros sobre el paisaje y la cotidianidad de la sede de
gobierno, se pasa a la adaptación de obras literarias para la
cinematografía, donde se expresa ese relacionamiento que marca nuestra
identidad, donde lo indígena y lo mestizo se convierte en los primeros
argumentos de nuestra narrativa cinematográfica. Dos claros ejemplos
son “Wara Wara” y “El hijo de Choqueyapu”.
La guerra del Chaco, también se convierte en tema para el cine, en este
periodo José Velasco María Maydana es el encargado de retratar la
contienda bélica y surgen películas como “Hacia la gloria”, “Infierno
verde” y “La campaña del Chaco”.
El preámbulo para la Ley de Cine
A partir de la revolución Nacional de 1952, es el contexto en el se
crea el Instituto Cinematográfico Boliviano (IBC), el primer intento de
apoyo por parte del Estado a la actividad cinematográfica, pero por
supuesto, no fue un apoyo desinteresado, el IBC tuvo como misión ser un
instrumento de propaganda gubernamental y acompañar el procedo político
que vivía el país.
Desde 1952 a 1961 se producen aproximadamente 400 películas desde el
Instituto Cinematográfico Boliviano constituyéndose en la década más
fructífera de la cinematografía nacional en toda su historia.
Fueron dos sus más grandes contribuciones, por una parte se convirtió
en un centro de producción de documentales y noticieros, testimoniando
así los acontecimientos de ese periodo vivido en el país, construyendo
la memoria colectiva, base del patrimonio fílmico y por otra parte fue
la primera escuela de cine, no solo en cuanto al conocimiento técnico,
también en la creación narrativa.
Con su desaparición el año 1968 se dio paso a la Empresa Nacional de Televisión canal 7, el canal del Estado.
En el periodo de mayor producción de la cinematografía nacional del
siglo XX, se destacan cineastas como Jorge Ruiz, Jorge Sanjinés, Hugo
Roncal, Oscar Soria, Ricardo Rada, Antonio Eguino, Benedicto Huanca ,
Marcelino Yanahuaya,y Néstor Peredo, entre muchos otros.
De 1966 a 1971 se enmarca el tiempo de mayor producción de Jorge
Sanjinés y es el periodo de un cine que se nutre de la identidad
indígena fuertemente desarrollada por este cineasta. Solo basta
mencionar obras como “Ukamau” y “Yawar Mallku”, que se convirtieron en
el emblema del cine boliviano de ese tiempo. El llamado “cine junto al
pueblo” es como define Sanjinés a su obra.
A través de una convocatoria realizada por la UNESCO en los años
cuarenta, se emplaza a los países miembros, para que se preserve el
patrimonio fílmico y de éste modo surge la conciencia del invaluable
aporte de este material cultural para la humanidad.
En Bolivia fueron Luis Espinal y Alfonso Gumucio quienes en los años
setenta promovieron esta iniciativa, planteando la creación de una
institución que preserve el patrimonio fílmico nacional. En 1976 es
cuando se crea la Cinemateca Boliviana por iniciativa del Alcalde de La
Paz Mario Mercado, Amalia de Gallardo del Centro de Orientación
Cinematográfica y el Padre Renzo Cotta de la obra Don Bosco.
El surgimiento de la Cinemateca Boliviana
La Cinemateca Boliviana inició sus actividades de exhibición de
películas en la Casa de la Cultura, su primera proyección de cine
boliviano fue “Laredo de Bolivia” (1958), “Carnaval Paceño” (1926) y
“Posesión del Presidente Hernando Siles” (1926).
Esta entidad destinada a recuperar la memoria cinematográfica del país fue dirigida en sus inicios por Pedro Susz y Carlos Mesa.
Es a partir de 1978 cuando la Cinemateca Boliviana se traslada al cine
San Calixto de la Compañía de Jesús, en la calle Pichincha e Indaburo y
se comienza la actividad de archivo.
Desde un inicio, fueron muchas las dificultades económicas por la que
atravesó ésta fundación privada, sin embargo a pesar de las
adversidades se mantuvo firme y constante en su labor, gracias al
esfuerzo y dedicación fundamentalmente de Pedro Susz y Elizabeth
Carrasco.
Es importante recordar que la Cinemateca Boliviana, se creó sobre la base de los siguientes objetivos para con la sociedad:
• Recuperación, Conservación y difusión del cine boliviano y del mejor cine universal de todos los tiempos.
• Formación
del gusto del espectador por un cine de alta calidad, comprensión del
valor estético y cultural del cine, concientización de que el cine debe
ser preservado.
• Educar a la población con la exhibición de buenas películas, para mejorar su función cultural, histórica y científica.
Desde un principio, el Estado se desentendió de la responsabilidad de
garantizar la preservación del patrimonio fílmico del país, es en esas
circunstancias que surge la Fundación Cinemateca Boliviana, entidad sin
fines de lucro, que se hace cargo y asume esta responsabilidad por el
mandato otorgado en la Ley del Cine 1302.
Pedro Susz en una entrevista reciente afirma lo
siguiente: “Cómodamente, el Estado dejó que la Cinemateca haga lo suyo,
cumpla con una tarea que el encomendable era el Estado, pero el Estado
no ha hecho nada para que esa tarea se pueda cumplir de una manera más
eficiente y más efectiva también”.
En el año 1978 se promulga una ley de Cine donde se establece que la
Cinemateca se define como “Archivo Nacional del Cine”. Un año más tarde
por medio de otro Decreto Supremo se le asigna el título de
“Repositorio Nacional de Imágenes en Movimiento”. En el año 1982 una
resolución municipal libera a la Cinemateca del pago de impuestos por
espectáculos.
Fue en la Cinemateca Boliviana donde toda una generación de cineastas y
nuevos realizadores se organizó para impulsar la Ley del Cine.
El primer intento de contar con un instrumento legal, se dio a finales
del mandato del Dictador Hugo Banzer Suarez, que un su última reunión
de gabinete aprueba el Decreto Ley No. 15604, consistente en la Ley
General del Cine, mediante la cual se crea el Consejo Nacional Autónomo
del Cine y se establecen mecanismos de incentivo y promoción al cine
nacional. Sin embargo todo quedó en buenas intenciones y propósitos,
puesto que el texto sólo se aplica de manera parcial.
Es en el Gobierno de Jaime Paz Zamora en 1991, luego de quise años de
arduas gestiones y tropiezos, que se logra la promulgación de la Ley
del Cine 1302 a pesar de la fuerte oposición de parlamentario y de
grupos económicos que se veían afectados por esta normativa: los
empresarios de videoclubes.
La aprobación de la Ley del Cine no fue un trámite fácil, pasaron años
en los que se hablaba con parlamentario en los pacillos del Congreso,
intentado que algún diputado o diputada asumiera el proyecto para
presentarlo y debatirlo en el seno del Poder Legislativo. De los
pacillo se paso a la movilización en las calles, donde la ciudadanía se
sumo a ésta iniciativa liderada por los cineastas y trabajadores del
ámbito audiovisual en distintas ciudades del país. Al final fue la
presión en las calles la que propició su aprobación como Ley de la
República.
Las bases de la política de Estado para el audiovisual boliviano
Si bien en la década del cincuenta por decisión gubernamental se crea
el Instituto Cinematográfico Boliviano y el año 1968 por decreto se
crea el Canal de Televisión Estatal, estas dos instancias responden a
un interés específico de la clase política en el poder, con el fin de
utilizar estos medios de comunicación masivos para el fortalecimiento
de su gestión política y de propaganda gubernamental.
Para evidenciar esta realidad sólo basta ver los noticiaron
cinematográficos de los años cincuenta, done se promociona las
facultades humanas y de gestión gubernamental de los mandatarios de la
época, y para el caso de canal 7 los ejemplos sobran. Desde su
aparición fue administrada desde la Secretario o Ministerio de
Comunicación o incluso desde el Ministerio de la Presidencia.
La inquietud por una normativa en el ámbito cinematográfico, surge
fundamentalmente por parte de la sociedad civil y su propósito
principal fue impulsar y alentar la producción y fomento del cine
boliviano.
En el país no se instalaron grandes empresas productoras
cinematográficas, las pocas que existieron tuvieron una corta duración
por tanto esta iniciativa no respondía al interés de empresarios
cinematográficas dedicados a la producción. El único rubro sostenible y
de mayor solides fue dese un principio la exhibición.
La exhibición en salas de cine, con sus altibajos, fue el rubro más
próspero y constante. Es a través de estas empresas que la gran
industria norteamericana introdujo los contenidos sobre la base del
entretenimiento, convirtiéndose así éste sector en difusores de una
ideología dominante, base del sistema capitalista mundial. De este
modo, una actividad de entretenimiento y diversión para el tiempo
libre, conlleva en el fondo una ideología colonialista.
Es importante recordar que en la década del sesenta al ochenta y
gracias a la Cooperativa Minera de Bolivia (COMIBOL), el cine de ser
una actividad citadina pasa a los centros mineros, base fundamental de
la economía en ese periodo. Según datos publicados en la revista
digital Cine Mascine, Marcelo Cordero habla de la existencia de 240
espacios de exhibición en el país en la mejor época.
Con la ruina de la actividad minera, como producto de la baja de los
precios del estaño en el mercado mundial y la posterior política de
desaparición de la COMIBOL con el Decreto 21069, los cines en centros
mineros terminan cerrándose, al igual que en todo el país. Es en la
década del ochenta la etapa de inflexión de esta actividad.
Una de las razones fundamentales para esta caída y baja de popularidad
de los cines, es sin duda la aparición de la televisión privada. Según
Guillermo Biner empresario cinematográfico, administrador de los cines
Escala, Universo y Monumental Roby fue “la política neoliberal”
aplicada en los ochenta la que propició el cambio en el negocio
cinematográfico.
Dos fueron los factores fundamentales para el cierre de salas de cine
en ese periodo, sostiene Biner: El primero tiene que ver con la emisión
de películas sin el correspondiente pago por los derechos de exhibición
de parte del canal del Estado, la televisión universitaria y más
adelante los canales privados. El segundo factor fue la aparición del
negocio de los videoclubes y más tarde la proliferación de la venta de
películas en DVD de parte del sector informal de la economía.
Resulta imposible revisar la historia de nuestro cine, sin hablar de la
fuerte influencia de la televisión en el país. Fue en el periodo de la
dictadura banzerista, cuando se fortaleció fundamentalmente a la
Empresa de Televisión Boliviana para ser utilizada como instrumento de
control social, al ser sometida a una censura en la actividad
periodística e informativa. Al existir un solo canal de televisión, la
ciudadanía se vio sometida a un estricto control sobre los contenidos y
una programación distractiva que escondía todo cuanto pasaba en la
batalla por la imposición del régimen dictatorial y la búsqueda de la
democracia.
La televisión desde un principio desarrollo dos tipos de programación,
una la producción en directo en la que se destacan los noticieros y
programas de entreteniendo y la programación “enlata” con material
audiovisual de donación, algunas películas y novelas con derechos
pagados a precios muy bajos para su exhibición y el material que se
emitieron sin contar con los derechos correspondientes. Esta práctica
se generaliza luego a la cantidad de canales de televisión abierta y
por cable que surgieron desde entonces hasta el día de hoy.
Importancia de una normativa para la actividad cinematográfica en el país
¿Cuáles son los motivos para que surja una ley del cine? De hecho no
fue una iniciativa de la clase política, fue una demanda de artistas,
cineastas y videastas que al ampara de una normativa, buscaban impulsar
la producción nacional del cine, como ocurría en el resto de América
Latina y como una manera de afirmar la identidad cultural de un país,
frente al avasallamiento de la gigantesca industria cinematográfica
norteamericana.
El propósito de la ley del cine se resume a los cuatro pilares fundamentales que sostiene la normativa.
Los cuatro pilares de la Ley del Cine
En ese contexto de demanda social y fuerte presión del sector
audiovisual, se promulga la Ley del Cine, sobre el sustento de cuatro
pilares fundamentales.
El primero: es una política estatal de fomento a la actividad
cinematográfica. Para ello se establecen dos factores importantes, uno
es la creación de una institución del Estado el Consejo Nacional de
Cine (CONACINE).
Esta política de fomento instituyó una serie de mecanismos legales y
administrativos, como ser exención de impuestos a ciertas actividades
para facilitar la producción, así como la liberación de las películas
nacionales de múltiples gravámenes aduaneros y se diseña un fondo de
fomento consistente en un millón de dólares otorgados por única vez,
recursos destinados a la producción de películas en la modalidad de
préstamo con bajas tasas de interés y a largo plazo.
El segundo pilar es la educación que tiene tres componentes:
a. La formación de públicos para alentar la cultura cinematográfica.
b. Impulsar una escuela de cine para la profesionalización de los recursos humanos.
c. La incorporación de la educción para la imagen en la educación escolarizada.
La Ley de manera sabia, plateó incidir en el campo de la formación
escolar, previendo la necesidad de preparar a profesores y alumnos para
ver el audiovisual más que un producto de entretenimiento, como un
medio de difusión ideológica, referente de valores, con el fin de crear
en los jóvenes una mirada crítica y una conciencia que revalorice la
defensa de la cultura y la identidad boliviana.
Una oferta tendiente a la formación de públicos y la orientación cinematográfica para ser abordada desde las aulas escolares.
Esta propuesta innovadora en la legislación latinoamericana, fue
desarrollada y aplicada en otros países, mientras que en el nuestro, a
pesar de los múltiples esfuerzos de los diferentes Directores de
CONACINE, se fue desvaneciendo por la burocracia estatal y la falta de
compresión sobre la trascendencia de esta medida.
El tercer componente tiene que ver con el ordenamiento legal de la
actividad cinematográfica en el país, orientado a que el sector
audiovisual salga del anonimato y se acredite como una actividad legal,
estableciendo derechos y obligaciones para las empresas y las personas,
protegiendo los derechos de autor, creando un registro de las obras
nacionales para su defensa y promoción, así como garantizando el libre
comercio para la distribución y exhibición de películas en salas de
cine.
El cuarto pilar de la ley, es la salvaguarda del patrimonio fílmico
nacional, en base a técnicas y cuidados especiales para la preservación
del cine boliviano. Con el fin de lograr este objetivo, la ley
transfiriere esa responsabilidad, que por lo general es del Estado, a
una entidad privada. La Fundación Cinemateca Boliviana.
La estructura institucional del CONACINE
Es importante destacar que por primera vez en la historia moderna de
Bolivia, el Estado formaliza una ley para un medio de comunicación
masivo con el fin de impulsarlo y promoverlo.
Una particularidad digna de ser destacada, es la estructura del
CONACINE que consiste en un consejo compuesto por representantes de
entidades gubernamentales y de la sociedad civil. Esta composición
mixta permite participar en la toma de decisiones a ciudadanos que
responden al que hacer de la actividad cinematográfica y representantes
del Poder Ejecutivo con el fin de coadyuvar, por medio de sus
instituciones, en la implementación de políticas públicas a favor del
desarrollo de la cinematografía nacional.
Esta fórmula que en los primero años funcionó muy bien y en las últimas
gestiones tuvo sus dificultades, garantiza un equilibrio para que la
institución no se convierta en un botín político de los partidos de
gobierno y por otro lado los recursos asignados respondan a una
política de Estado en beneficio del cine boliviano.
Los problemas en la institucionalidad
En las diversas administraciones, el desempeño del directorio ha tenido
facetas distintas, en un inicio, con la acción conjunta entre el
Director Ejecutivo y el Directorio, se logró levantar y fortalecer la
institucional del CONACINE, sin embargo, en los últimos años, surgieron
varias dificultades.
Por una parte los delegados del poder ejecutivo tuvieron poco
conocimiento del ámbito cinematográfico y cultural, aspecto que se
convirtió en un freno como menciona Armando Urioste.
Por otro lado algunos delegados que representaban a la sociedad civil,
se convirtieron en juez y parte. Se destaca el caso de la Asociación de
Cineasta de Bolivia (ASOCINE), un grupo que en la actualidad no sobre
pasan las diez personas y que su accionar en el directorio responde a
la defensa de los directores que deben dinero al Fondo de Fomento.
ASOCINE es cuestionada por el sector audiovisual, por no permitir la
incorporación de nuevas generaciones de cineastas y no llamar a
elecciones democráticas para lograr una representatividad legítima en
el Directorio.
En cuanto a la Cámara de Empresario Cinematográficos, atraviesa por un
problema interno y no participa de las reuniones del Directorio con
regularidad.
Hasta el momento el Movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviana es la
única entidad que ha participado activamente desde el inicio del
CONACINE, sin embargo requiere también abrirse a la participación de
nuevas generaciones y convocar a unas elecciones democráticas donde se
legitime a su directorio y al representante para Directorio del ente
estatal.
Como se puede evidenciar la efectividad y legitimidad del Directorio
demanda un nivel de competencia en el campo de la cinematografía y la
gestión cultural de parte de los representantes de las entidades
estatales y por otro lado mayor cohesión en el sector audiovisual, así
como una restructuración de las organizaciones incorporando a las
nuevas generaciones de realizadores, para trabajar de forma
democráticas y participativas.
La autoridad del CONACINE
En cuanto a la función específica de la autoridad del CONACINE, según
la Ley es el Secretario Ejecutivo quien desarrollara sus labores
mediante los órganos administrativos y éste es designado por dos
tercios de voto de la totalidad de los miembros del Directorio.
En sentido estricto el órgano de poder en el CONACINE se encuentra en
el Presidente del Directorio, es decir el Ministro de Culturas y en el
Directorio, quienes toma decisiones y establecen directivas para su
cumplimiento por parte del Secretario Ejecutivo, hoy en día denominado
Director Ejecutivo.
Esta figura no corresponde a la manera en que fue concebida la ley de
parte de los cineastas en la década del noventa, la intención fue
siempre de otorgarle autonomía de gestión, liderazgo y libertad de
acción al Director o Directora Ejecutiva del CONACINE. El Consejo, fue
concebido como entidad facilitadora para la implementación de políticas
de Estado, favorables a la cinematografía y respaldo institucional para
la gestiones en favor del sector audiovisual, por parte de la sociedad
civil.
Un aspecto que se destaca en el artículo 5 de la Ley del Cine es el
siguiente: “Créase el Consejo Nacional del Cine (CONACINE) dependiente
del Ministerio de Educación, en calidad de institución de derecho
público, dotada de personería jurídica y que funcionará de acuerdo a la
presente ley y normas legales conexas”.
Si bien en la actualidad un decreto supremo sustituye el concepto
“dependiente” por “tuición” , en varias gestiones se interpretó este
tipo de relacionamiento de distintas maneras, puesto que al ser
“dependiente”, el Director Ejecutivo pierde su independencia y
autonomía para responder al mandato de la ley al supeditar su gestión
a la aprobación de la entidad superior.
Una autoridad del ámbito cinematográfico sobre todo en reuniones
internacionales frente a la CAACI, Ibermedia o Merco Sur debe estar
capacitada para tomar determinaciones, firmar acuerdos, convenio y
compromisos, claro está previo conocimiento y en estrecha coordinación
con el Ministro de Cultura quien es la cabeza del sector. En el caso
nuestro y sobre todo en los últimos años, la sujeción del Director
Ejecutivo respecto al Directorio del CONACINE ha impedido que se
formalicen convenios de coproducción con países de Iberoamérica. El
otro factor es la falta de recursos de contrapartida para impulsar
coproducciones .
Un claro ejemplo es cuando en las negociaciones para la otorgación de
préstamos de Ibermedia en la gestión de Cesar Pérez, la determinación
de los montos fue resuelta por una comisión reunida en la Cancillería y
no fue una decisión del Director como prerrogativa del cargo .
CONACINE en el entorno Iberoamericano
Uno de los aportes fundamentales de la Ley del Cine fue la creación del
Consejo Nacional del Cine, gracias a este organismo estatal el país
logra entrar en acuerdos internacionales como la Conferencia de
Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), CECI y Merco Sur.
Así miso accede a los fondos de Ibermedia y a Doctv. Dos de los
escenarios más importantes en la actualidad para el fomento de la
producción nacional y la coproducción con otros países.
Este logro se debe gracias a las gestiones de Eduardo López, Cecilia
Quiroga y Armando Urioste. Cada uno en su momento logró que el país
participara de este acuerdo Iberoamericano .
Si bien el país para ser beneficiario debe cumplir con su cuota anual,
de150 mil dólares para Ibermendia, los proyectos bolivianos de
coproducción pueden acceder a un monto superior a la cuota nacional,
incluso el doble del aporte.
La otra ventana es Doctv, concurso que se realiza cada dos años y que
exige al canal estatal un aporte de 20 mil dólares para un fondo de
producción de 70 mil dólares destinado al proyecto ganador. Los
documentales seleccionados tienen un escenario de difusión en horarios
estelares en 15 países de Latinoamérica, en los canales de televisión
pública.
En la actualidad los aportes estatales del Estado boliviano a Ibermedia
y Doctv se constituyen en los principales incentivos para el fomento
económico a la producción cinematográfica y audiovisual.
La importancia de tener CONACINE
Al crearse esta entidad del Estado, uno de los primeros beneficios para
el sector audiovisual es lograr que las obras cinematográficas y
audiovisuales tengan nacionalidad boliviana y por tanto sean
registradas como propiedad intelectual de sus autores en el CONACINE.
Según dice la ley, las obras cinematográficas bolivianas son
beneficiadas por el régimen arancelario que prevé un tratamiento
especial a las películas nacionales a tiempo de salir del país para su
finalización en laboratorio del exterior o en la exhibición en
festivales y muestras internacionales.
La Ley del Cine establece este tipo de tratamiento, pero en la realidad
nos damos cuenta que la Ley de Aduanas ha primado por encima de esta
norma, por desconocimiento de los funcionarios públicos y de las
autoridades que en más de una ocasión no permitieron el libre tránsito
de las latas de cine, si no se pagaba los impuestos de internación o de
salida de estos bienes culturales nacionales.
Otro ejemplo claro de la falta de conocimiento de esta norma específica
tiene que ver con las licencias de filmación que otorga el COANCINE a
productoras audiovisuales extranjeras que viene al país con equipos de
filmación. Para el personal de aduanas en los aeropuertos de Cochabamba
o Santa Cruz esta norma no se aplica, pues solo es válida en su
criterio, para la ciudad de La Paz .
Cine y educación
Otra de las atribuciones del CONACINE y probablemente una de las más
importantes, es la de “coordinar con otras instituciones educativas la
implementación de la educción cinematográfica” (Inciso “i” del artículo
7, capítulo II).
A pesar de las innumerables gestiones realizadas por las autoridades
del ámbito cinematográfico en especial, Cecilia Quiroga y Cesar Pérez,
este tema que tiene que ver con una política de descolonización, hasta
el día de hoy no ha tenido comprensión y mucho menos se ha tomado en
cuenta, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación
durante los últimos veinte años.
En colegios particulares, de convenio y en algunos fiscales los
profesores de manera esporádica y en función a sus posibilidades, hacen
uso de los medios audiovisuales como instrumentos para que los
estudiantes accedan a cierto tipo de contenidos y motivar la reflexión
o la discusión.
Desde hace un año el Ministerio de Educación está trabajando en la
implementación de los telecentros, para que a través de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TICs) se acceda a una diversidad de
material educativo en áreas rurales y urbanas, así de este modo ampliar
el horizonte de la educción.
Sin embargo, en la nueva ley de educación Avelino Siñani, de manera
expresa no figura la educación para la imagen, a pesar que plantea como
una de sus principales bases lo siguiente:
La educación “es descolonizadora, liberadora, revolucionaria,
anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las
estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las
comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del
Estado Plurinacional y el Vivir Bien”.
En este contexto, implementar una metería para el análisis del
audiovisual y de la cinematografía, así como de la valoración de todo
cuanto generan los medios de comunicación, es coherente con las bases
fundamentales que establece la ley de educación.
Sin embargo el tema no es si este aspecto debe o no figurar en la ley,
sino la falta de interés de parte del propio Ministerio de Educación
por incorporar entre sus tareas una reflexión como esta.
De menara individual algunos profesores tienen esta iniciativa. En
varios momentos las autoridades del CONACINE realizaron talleres y
motivaron la discusión para comprender el valor que tiene incluir este
tema en la educación formal, pero sin el firme respaldo de la principal
institución, es decir el Ministerio de Educación, éste es un esfuerzo
que se desvanece.
Estudios realizados en México y España demuestran que los niños en la
actualidad consumen diariamente entre tres a cuatro horas de
televisión, casi la misma cantidad de horas que asisten a clases, esto
significa que están expuestos a una serie de información que difunde
valores, ideología, maneras de comportamiento que influirán de una u
otro manera en su formación integral. La diferencia es que en este
proceso de consumo cultura no están los padres o el maestro para
acompañar en la reflexivo de cuanto consumen los niños hoy en día.
Un segundo aspecto importante es la formación de nuevos públicos, es
decir crear las condiciones para que las personas, puedan acceder a
producciones cinematográficas no comerciales, en salas donde se
programe en base a temáticas, autores, géneros, países o periodos de la
historia. Este tipo de programación permitirá a los espectadores
acceder al cine de distintos países del mundo, con el fin de ampliar su
cultura cinematográfica, en lo narrativo y estético.
Esta importante misión propia de las cinematecas que existe en
distintos países debe ampliarse en Bolivia a otras regiones, ciudades y
poblaciones rurales, llegar a colegios, centros culturales e impulsar
la actividad creativa de nuevos realizadores.
Un tercer aspecto importante tiene que ver con la formación profesional
en el campo audiovisual. Si bien se realizaron esfuerzos para crear una
carrera de cine en el sistema universitario como se plantea en el
artículo 32 de la ley 1302, varias autoridades del CONACINE
desatendieron este precepto que es en verdad un mandato de la ley y por
tanto los esfuerzos de quienes impulsaban una escuela boliviana de cine
quedaron en nada.
En este tiempo para ser competitivos en el campo cinematográfico y
audiovisual, se requiere acreditar a los profesionales nacionales y al
miso tiempo crear una carrera de cine y audiovisuales a nivel
licenciatura con profesores calificados, infraestructura moderna y
suficiente para la creación de obras cinematográficas independientes.
La cuota de pantalla y otras ventanas de difusión
La inclusión de una cuota de pantalla con el fin de aperturar ventanas
de exhibición para el cine nacional, fue una iniciativa interesante,
como ocurría en buena parte de las legislaciones de otros países
latinoamericanos, sin embargo no puede ser expresada como un porcentaje
inamovible y tampoco puede ser vista como un instrumento que impone el
Estado para regular el mercado cinematográfico.
Según la versión de las diferentes ex autoridades del CONACINE, fue
imposible establecer una cuota de pantalla, primer porque no había
suficiente producción nacional para exhibir en salas de cine, por otro
lado, la programación de las salas estaba previamente comprometida con
películas extranjeras.
Lamentablemente la ley y la autoridad cinematográfica del país no
tuvieron la fuerza suficiente para imponer este criterio de cuota de
pantalla en el caso de la televisión.
La cuota de pantalla en televisión debió servir para otorgar
oportunidades a los realizadores nacionales de ficción y documentales,
pero en la práctica se asumió como producción nacional programas de
charlas frente a cámaras, los deportivos, la presentación de videoclips
musicales o de enlatados para público infantil.
Otro aspecto que figura en la ley y que tuvo un relativo éxito fue,
incentivar el merado audiovisual a través del artículo 18, donde se
establece que el 60% de las publicidades en la televisión debe ser
hechas es Bolivia. La nueva ley debe fijar el 100% y para generar más
trabajo a los realizadores bolivianos y al mismo tiempo, establecer
mecanismos de control y sanción que permitan garantizar su vigencia de
esta normativa.
La cuota de pantalla debe ser definida anualmente en base a criterios
técnicos estudiados por la Comisión Técnica y reglamentadas por el
Directorio del Consejo y tener su correspondencia con un artículo
referido al tema en la ley de telecomunicaciones o en su reglamento.
El Estado al abrir las oportunidades a los realizadores nacionales para
que produzcan la publicidad en televisión y el cine, también alentara
la mejor aptitud del manejo de la imagen, aspecto que tendrá
repercusión a tiempo de producir cine de calidad y con proyección de
mercado.
El cine y el comercio informal de DVD´s
Uno de los aspectos que se expresa en la ley 1302 es que toda película
para ser exhibida o comercializada en el territorio nacional, deberá
estar legalmente registrada en CONACINE ya sea como propiedad
intelectual, o contar con los derechos de exhibición y
comercialización. Las películas que no cumplan con este requisito serán
catalogadas como películas clandestinas .
Probablemente en el momento en que fue promulgada no se vislumbro el
riesgo que significaba la comercialización ilegal de películas en DVD.
La mayoría de los ex Directores del CONACINE, realizaron talleres,
seminarios, estudio e incluso se empadronó a los vendedores para poner
en práctica un sistema que permita la conversión de los comerciantes
informales a vendedores que respetan las leyes del país, la mayor parte
de esos intentos cayeron de saco roto. Por una parte los comerciantes
muestran interés en cambiar la ilegalidad por la legalidad, pero al
final no se logra nada.
Probablemente la razón para que reine la informalidad es que el Estado
es débil para enfrentar este problema, no se trata de usar la fuerza
pública para cambiar el comportamiento económico de las personas, el
problema requiere una concertación nacional con todo el sector del
comercio informal y también programas de educación ciudadana.
A nombre de la pobreza los comerciantes venden productos sin el pago de
factura, pero al mismo tiempo juegan a su favor con la asignación de
los precios.
En el caso de las películas en DVD la figura es clara. El costo del
disco, la grabación del contenido, la caja y la etiqueta tienen un
costo de tres bolivianos aproximadamente. El comerciante vende el
producto sin factura, según la zona de la ciudad o la novedad del
material en cinco, diez o incluso a quise bolivianos la unidad.
En las calles se puede encontrar una película en DVD hasta en dos
bolivianos con cincuenta centavos, pero esto implica comprar el
producto en una bolsa plástica y sin la certeza que el contenido sea de
buena calidad.
El tema pasa también por educar al consumidor, para que obtenga un producto de calidad y con el precio justo.
El consumidor debe ser consciente que al comprar una película legal en
formato DVD, está aportando un porcentaje para el autor, el productor,
al Estado con el pago de impuestos y la ganancia para el vendedor.
En el comercio informal e ilegal de películas, el monto que paga el
consumidor beneficie a las personas que reproducen y comercializan un
bien cultural del cual no tienen derechos.
Este es un tema complejo por ser una fuente de ingresos para familias
pobres y por otro lado, un negocio de gigantescas ganancias para los
mayoristas. Esto debe ser tratado en el proceso de una nueva ley del
cine. La formula debe manejar un equilibrio, puesto que para los
realizadores nacionales se convierte en una oportunidad de trabajar con
una red muy amplia de distribuidores y vendedores en todo el país.
Una política de preservación, recuperación y promoción del patrimonio fílmico nacional.
El capítulo V de la ley 1302 está dedicado íntegramente al archivo nacional de imágenes en movimiento.
El Estado apostó por entregar la custodia y la preservación del
patrimonio fílmico nacional a una entidad privada: la Fundación
Cinemateca Boliviana. Luego de largos siete años de espera para contar
con una infraestructura moderna, desde su reapertura se enfrascó en una
crisis que la persigue hasta hoy.
Según la apreciación de su fundador Pedro Susz, “hubo una falta de
visión de criterio cultural y de sentido sobre el papel que tiene que
jugar la Cinemateca en la cultura boliviana, no sólo respecto al cine
boliviano”.
La Cinemateca, en criterio de varios realizadores, ha perdido
credibilidad en el medio, no solo está pasando por su peor momento en
su historia, apenas puede subsistir para sus gastos esenciales.
La principal responsabilidad que otorga la ley del cine, no fue
cumplida durante los últimos años a cabalidad, es decir el mandato del
rescate y la preservación del patrimonio fílmico.
En las actuales condiciones en las que se encuentran las películas
nacionales, en algunos años perderemos de manera irreversible el
patrimonio boliviano.
La Cinemateca Boliviana no sólo requiere un cambio radical, también
requiere de recursos del Estado para recuperar su función fundamental
y contribuir a la formación crítica de nuevos públicos, vincularse a la
educación regular, apoyar en la capacitación de nuevos profesionales en
el campo de la producción cinematográfica y también en la formación de
críticos de cine.
La Cinemateca Boliviana debe desarrollar un plan de extensión a otras
ciudades del país con el fin de crear una red alternativa al circuito
comercial, para la promoción de la producción audiovisual boliviana,
latinoamericana y del mundo, con en el fin abrir la mirada a otras
estéticas y experiencias culturales. Al mismo tiempo debe impulsar la
distribución, comercialización de nuestro cine a nivel nacional e
internacional, es decir constituir una empresa distribuidora y albergar
un centro de formación profesional reconocido por el Ministerio de
Culturas para capacitar recursos humanos, para el nuevo cine boliviano.
Es innegable que la Cinemateca Boliviana está haciendo, una serie de
esfuerzos por traer otro cine a sus salas, pero paradójicamente no se
abre a las producciones nacionales, en la actualidad no es el escenario
natural para los estrenos de la producción nacional, se ha convertido
en un centro cultural para un grupo pequeño de gente, bajo la premisa
de dar cabida sólo a las mejores películas nacionales, una visión que
no corresponde al tiempo en que estamos viviendo.
Desde el punto de vista de la directora de la Cinemateca Mela Márques,
esta entidad se está abriendo a otras ciudades gracias a convenios
interinstitucionales y tiene mucho éxito los cursos cortos que se
programan a lo largo del año, sin embargo, la expectativa en las otras
regiones es mayor, se requiere una fuerte inversión para construir por
ejemplo una cinemateca en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija por citar
algunas ciudades donde existe esta demanda. Los curos que se organizan
en la Cinemateca no tienen valor curricular por no ser organizados
desde un centro de formación respaldados por el Ministerio de Educación.
El temor es claro. La experiencia de la Cinemateca con relación al
Estado está bien fundada, puesto que durante muchos años las
instituciones estatales, demostraron que no son de confiar. Márquez
recuerda cuando las latas de cine del archivo de canal 7 se encontraban
botabas en los baños o lugar inadecuados para su preservación. La lista
es innumerable de malas experiencias con el Estado por las que existe
desconfianza, sin embargo, ahora más que nunca se requiere la
participación estatal para la preservación del patrimonio fílmico
nacional y para el desarrollo de la Cinemateca Boliviana.
El esfuerzo por levantar esta institución, debe contar con el concurso
del Estado Plurinacional, el sector audiovisual y de toda la sociedad.
La Cinemateca bien podría ser el articulador de una política estatal de
preservación, formación y difusor del cine boliviano. Esta es una tarea
que debe ser encarada en la perspectiva de una nueva ley del cine y del
audiovisual.
El rol de Bolivia en la cadena de producción del cine como industria cultural
El cine en nuestro país, en la cadena de la industria cultural ocupa el
lugar de plaza de consumo. En los últimos diez años el cine estaba
pasando por su peor crisis, paulatinamente se cerraban las salas, hasta
que llegaron las multisalas, un sistema que ha devuelto la mística de
ver películas en pantalla grande a pesar de la cruel competencia de la
venta de películas piratas y de la televisión.
Basta citar los datos entregados por la empresa Manfred Films que
reporta en el año 2000 a un millón doscientos mil espectadores y para
el 2010 tres millones quinientos mil asistentes al cine.
Tabla No.1 de estrenos nacionales, número de espectadores y recaudación en taquilla.
AÑO TÍTULO CANTIDAD ESPECTADORES RECAUDACIÓN EN Bs.
2001 Mi socio 16.484 305.992
2002 No se estrenó ninguna película boliviana
2003 Dependencia Sexual 8.944 193.714
2004 Los hijos del último jardín 12.863 239.590
El atraco 50.379 952.963
Corazón de Jesús 5.257 101.204
2005 Sena quina 58.510 1.110.000
American Visa 54.300 1.022.700
2006 Lo más bonito de mis mejores años 5.000 120.000
I am Bolivia 1.250 30.000
Quién mató a la llamita blanca 150.000 2.910.000
2007 Los Andes no creen en Dios 25.997 547.559
Los abandonados 3.500 12.000
Evo Pueblo 15.000 330.000
2008 Día de boda 32.750 786.000
Airampo 878 21.016
Cementerio de elefantes 4.728 107.190
La promo 17.746 474.259
2009 Un día más 1.700 43.536
Ecoman 625 15.000
Historias de vino, singani y alcoba 16.000 400.000
Miguel N 1.200 30.000
Zona Sur 32.083 777.000
Rojo, Amarillo y Verde 8.333 200.000
El Ascensor 8.665 223.653
El último caudillo 188 3.781
Qué paso 10.000 250.000
Hospital Obrero 1.400 35.000
2010 En busca del paraíso 27.686 722.611
Historia de migrantes 96 2.545
Sirwiñacuy 1.094 29.334
Cruses 1.011 25.659
El juego de la araña y la mariposa 916 23.963
Lucho san pueblo 3.099 76.426
Los restos del último amanecer 9.435 21.033
Provocación 2.569 67.647
Gud bisnes 1.424 36.070
El Pocholo y su marida 49.137 1.257.830
María y los niños pobres 562 11.240
Casting 7.009 186.775
2011 Vidas lejanas 4.305 120.000
Al otro lado del sueño 576 20.000
Los gringos no comen llajua 1.700 40.000
Los viejos 1.107 12.598
Elaboración propia. Datos proporcionados por Manfer films
Bolivia al igual que muchos países de Latinoamérica y Europa está lejos
de entrar en la industria cultural desde el punto de vista de generador
de contenidos en el mercado mundial, somos una plaza pequeña de mercado
solo 3 millones de espectadores por año, comparado con Perú, Ecuador o
Argentina, las películas bolivianas más taquilleras no pasaron de
ciento setenta mil espectadores.
Sobre la actividad de distribución y exhibición
El capítulo IV dedicado a la distribución, exhibición y
comercialización en la 1302, establece claramente la libertad de
comercio como una labor respaldada por el Estado, en estas condiciones,
esta actividad económica ha prosperado generando importantes ganancias.
La única prohibición está referida a la exhibición de películas en
otros idiomas distintos al castellano, éstas deben ser subtituladas
para ser exhibidas.
Sin embargo, la ley prevé que la libertad de esta actividad comercial
está supeditada a la calificación de la edad de los espectadores que
debe ser definida por la Junta de Calificación.
En este artículo también se hace referencia a la cuota de pantalla y en
la práctica las salas de exhibición afirmar cumplir con dar cabida a
las películas nacionales, a pesar que en los últimos años la calidad de
las producciones ha bajado considerablemente, este aspecto repercute en
el ideario que se formó hace varios años respecto a apoyar al cine
boliviano como estrategia para recibir el respaldo de las audiencias a
ésta actividad, la mala calidad no sólo espanta a los públicos sino que
perjudica a otras obras nacionales que buscan atraer audiencia.
La solución a la baja calidad argumentativa o de forma de las películas
nacionales no puede ser su censura o discriminación, al igual que en
otro países la alternativa para enfrentar este problema tiene que ser,
la apertura de salas de ensayo, microcines donde se proyecten películas
para un público concreto y dejar las salas de mayor amplitud para
películas cuya propuesta de argumento y estética permita convocar a
mayor público.
Es compresible que los exhibidores comerciales, pretendan ofrecer un
nivel aceptable de películas que en la forma y en el contenido se
conviertan en una opción para el público de las salas comerciales, al
miso tiempo se requiere impulsar la producción nacional por medio de la
promoción y la publicidad que merece. Es imposible dejar que la gente
asista a un estreno nacional sin buena promoción de la película, para
esto los realizadores están llamados a trabajar conjuntamente con los
exhibidores en el lanzamiento oportuno y adecuado de películas
bolivianas. Nuestro medio está acostumbrado a la improvisación y la
falta de coherencia a tiempo de buscar el estreno en el circuito
nacional.
Es evidente que para los exhibidores, el cine que trae públicos masivos
es mejor tratado que otras producciones, no es extraño que algunas
películas nacionales sean poco promocionadas, se les otorgue espacios
pequeños para su promoción o casi escondidos, esa actitud tampoco puede
ser considerada como proactiva para la promoción del cine boliviano.
Estos aspectos ser tomados en cuenta al momento de fijar las reglas y
establecer niveles de competencia de la autoridad nacional para poner
en orden la actividad cinematográfica en Bolivia.
Sobre la Junta de Calificación
El capítulo VIII de la Ley concerniente a la formación de una Junta de
Calificación fue definitivamente pasado por alto, un tema que hace al
control de la calidad y defensa del consumidor fue prácticamente
ignorado. Está claramente expresado en la ley y su reglamento, pero el
Consejo hasta hoy no logró conformar esta instancia. El único esfuerzo
encaminado en este sentido fue el realizado hasta hace algunos años con
la unidad de Espectáculos de la Oficialía Mayor de Culturas del
Gobierno Municipal de La Paz a cargo de Waldo Lizón.
Hoy más que nunca se requiere revitalizar este órgano que no es de
censura sino de ordenamiento y defensa del consumidor, es más ésta
labor debe extenderse a la televisión por cuanto es frecuente ver
contenidos para adultos emitidos en horarios para niños.
Bajo el precepto de la defensa del consumidor, un aspecto que no
contempla la ley y se hace indispensable, es el fomento a la crítica
cinematográfica, difundida en medios de comunicación como ser
periódicos, radio, televisión e Internet. Esta actividad debe ser
independiente, es decir no subordinada a las empresas distribuidoras y
de exhibición, también respaldada por el CONACINE.
Sobre el Fondo de Fomento a la creación Cinematográfica
La Ley 1302 establece como base fundamental de su política de fomento,
la creación del Fondo de Fomento a la Cinematografía (FFC), consistente
en un aporte de un millón de dólares otorgados para su administración
al CONACINE, “aspecto que ha representado una importante contribución
del Estado a la cinematografía boliviana”, afirma Patricia Flores en su
informe de gestión como directora de esta institución.
Fue el FFC el corazón de la ley del cine boliviano, si bien en sus
nueve capítulos y cuarenta y dos artículos se legisla sobre la
actividad cinematográfica en el país, estableciendo competencias al
CONACINE y delineando deberes y atribuciones, la base del fomento
estatal se concentró en la disponibilidad de esos recursos económicos.
El Fondo de Fomento a la Cinematografía (FFC) se inicio en el año 1994
y hasta el año 2005 otorgó préstamos con una tasa de interés anual
entre el 8,5% y el 7,2%, beneficiándose 26 proyectos cinematográficos y
producciones en video.
Los préstamos fueron programados para 18 o 24 meses de plazo. Según
Patricia Flores, las tasas de interés fueron las más bajas del mercado,
convirtiéndose en préstamos preferenciales, puesto que contaron como
garantía Depósitos a Plazo Fijo (DPF) otorgados por el CONACINE.
Un 45% de los proyectos fueron financiados desde 80 mil dólares hasta
un máximo de 150 mil, el resto fuero motos desde 800 hasta 70 mil
dólares.
Durante los primeros 5 años los recursos fueron otorgados, en la
modalidad de créditos, a través de la entidad financiera Banco BIDESA.
Durante ese tiempo se realizaron los cobros a los deudores con cierta
regularidad.
A partir de la quiebra de BIDESA, el CONACINE se hace cargo de la
otorgación de créditos y el seguimiento a los proyectos financiados,
por determinación del Ministerio de Economía y respaldada por el
Directorio.
La realidad actual es que hasta este momento 14 cineastas y
realizadores audiovisuales, deben 1,5 millones de dólares desde hace 11
años, según una publicación del periódico página siete.
Esta situación sólo puede interpretarse como una quiebra del Fondo de Fomente, fundamentalmente por que los deudores no pagan.
Por un principio de honestidad, los préstamos del Fondo deben ser
pagados por los cineastas que se beneficiaron del mismo, éste es un
pedido que se plantea reiteradamente en el medio audiovisual.
Desde el punto de vista de Mela Márquez, cineasta que accedió al
préstamo para su película “Caída la cielo”: “el Fondo de Fomento no fue
tal, sino una bolsa de crédito… para un cine que no fue sustentable”,
lo cierto es que en una primera etapa si funcionó el fondo rotatorio,
pero en una segunda atapa se perdió todo.
Varios son los factores que determinaron la quiebra del Fondo de
Fomento. Según el cineasta Fernando Aguilar, el diseño de esa política
de fomento se concentraba en dar recursos para la realización de las
películas pero no contemplaba toda la cadena productiva, es decir que
no se otorgaban recursos para la comercialización, promoción y
distribución de las obras audiovisuales.
Desde el punto de vista de Cecilia Quiroga , “el Fondo de Fomento nació
medio mal, porque cualquier Fondo de Fomento tiene que tener – eso es
lo que pasa en todos los países – un subsidio que facilite a los
productores.
Recordemos que el país estaba enmarcado en una política económica
neoliberal, con el decreto 21060 el Estado no podía hacer subsidios y
tampoco introducir un impuesto destinado al Fondo de Fomento a la
actividad cinematográfica, tomado en cuenta que los niveles de pobreza
en el país eran significativamente altos.
Otro de los aspectos que propiciaron el quiebre del Fondo fue la
actitud de algunos cineastas que presionaron, cobijados en la ley, para
que el CONACINE entregue el porcentaje definido en el reglamento, que
en el caso más alto significaba el 55% sobre el presupuesto final de la
película. Es decir hasta 150 mil dólares.
Un tercer factor determinante, fueron los cambios por los que pasaba el
mercado audiovisual. Las películas bolivianas en ese periodo lograban
cada vez bajas recaudaciones en la venta de taquillas, en las salas de
cine del país.
En la década del noventa el promedio de asistentes a películas
nacionales fue de ocho mil a veinte mil espectadores. Sólo dos
películas sobrepasaron ese registro, “Cuestión de fe” con ciento dos
mil asistentes y “Jonás y la ballena rosada” con ciento sesenta y siete
mil espectadores . De los ingresos por taquilla, el 50% o 60% son para
las empresas exhibidoras y el resto para los productores de las
películas.
Desde la perspectiva de Armando Urioste, que es compartida con otros ex
directores y cineastas, el Fondo fue pensado como un crédito industrial
cuando el Estado no garantizaba el mercado.
Hacer cine en Bolivia en la década del noventa significaba encarar un
proyecto cinematográfico con un presupuesto entre cuatrocientos mil y
seiscientos mil dólares como promedio.
En la actividad cinematográfica de todos los países del mundo, una
película debe ser diseñada para que su inversión sea recuperada por
medio de la venta de taquillas en el proceso de distribución y
exhibición en un periodo de dos años, luego puede ser comercializada en
circuitos internacionales y en otras ventas como los canales de
televisión por cable, televisión de señal abierta o su venta en DVD.
Un factor determinante para llegar a la quiebra del Fondo de Fomento
tiene que ver con la desproporción de los presupuestos de producción de
una obra cinematográfica con relación a las posibilidades de
recuperación por medio de la venta de taquillas en las salas de cine en
el país.
Tabla No.2 Listado de películas, montos de los préstamos otorgados por el FFC y costo de producción.
TÍTULO PRÉSTAMO DE FFC EN $US COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN EN $US
Cuestión de fe 70.000 350.000
Corazón de Jesús 100.000 860.000
El atraco 100.000 724.367
El día que murió el silencio 100.000 587.544
Loa Andes no creen en Dios 150.000 518.000
No le digas 150.000 582.000
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por ASOCINE y Mela Márquez
Es verdad que los recursos que demanda la realización de películas para
35 mm son gigantescos, sobre todo para alcanzar los estándares de
calidad internacionales, esos proyectos no solo resultaron caros para
el realizador, también para el país. En sentido real las deudas en
cuanto a lo que se refiere al capital financiado por el Fondo de
Fomento debe ser devuelto por quienes voluntariamente accedieron a
firmar un contrato para acceder a ese préstamo.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, establece que las deudas con el
Estado no prescriben y la no recuperación de ese dinero significa una
responsabilidad administrativa para los servidores públicos que están
obligados a cumplir la ley.
El tema de la deuda se volvió en la traba para la continuidad del fondo
y un escollo para el CONACINE como institución. La solución, desde mi
punto de vista, pasa por llegar a un acuerdo entre las partes,
deudores, Estado y sociedad civil para recuperar el capital prestado y
viabilizar una salida negociada para resolver el tema de los intereses.
Es imposible pensar que el Estado persiga a sus cineastas que
realizaron obras cinematográficas, pero al mismo tiempo no se puede
dejar de recuperar en dinero aquello que el Estado prestó.
Las estadísticas en torno a la actividad cinematográfica en Bolivia nos presentan el siguiente panorama:
El promedio de asistentes a las salas de cine para la presentación de
películas boliviana fue entre 1968 y 1995 de 20 mil y 60 mil
espectadores , las películas con mayor cantidad de boletos vendidos en
las últimas cuatro décadas fluctuaron entre 100 mil y 170 mil, siendo
éste el valor máximo alcanzado y por un par de films bolivianos.
Si tomamos en cuenta que una entrada tiene un costo aproximado de dos
dólares, una película nacional medianamente exitoso logra la
concurrencia en salas de cine hasta cincuenta mil espectadores, esto
significa una recaudación de cien mil dólares, descontando el pago de
impuestos y el pago a los exhibidores, el productor de la película
logra recuperar alrededor de 50 mil dólares.
La historia contemporánea de nuestro cine nos plantea una realidad
ineludible, el mercado para el cine boliviano es reducido, en muchos
casos los proyectos llevan años para concretarse.
La regla en el ámbito cinematográfico es que la fuente de recuperación
de la inversión debe sustentarse en la exhibición en salas nacionales
antes de ser llevado a otros países, bajo ese principio el presupuesto
de una película no puede exceder los cuarenta o cincuenta mil dólares
para que pueda tener la opción de recuperar su inversión por la venta
de taquillas en las salas nacionales.
En el año 2009 y 2010, según los reportes de Manfer Film respecto a
estrenos de películas bolivianas, en cada uno de esos año se logró
atraer a cien mil espectadores, en el 2011 se estrenaron 5 películas
nacionales y todas juntas apenas lograron atraer a 8 mil espectadores,
esto demuestra que el cine hecho en el país está pasando por su peor
momento, siendo que el record de asistencia al cine comercial para el
mismo año es de más de 3,5 millones de espectadores.
En los últimos veinte años, muchas cosas han cambiado, en este momento
la producción de cine en celuloide está camino a desaparecer, pero aun
así todo el patrimonio aun existente en este soporte, tendrá muchos
años de vigencia.
Resulta imposible pensar que podemos pensar en hacer cine en el futuro
con copia final en celuloide, el cine digital está iniciando una nueva
era y la ventaja es la reducción de los costos de filmación y
procesamiento para la finalización. También el mundo se prepara para
otra revaluación en el campo de la exhibición y distribución, en la
actualidad varios son los países que están dejando de transportar las
películas en latas, para ser sustituidas por discos duros y luego, la
distribución será vía satélite. Argentina y Brasil están transitando
por ese camino.
La facilidad de realizar películas en formato digital está, desde
mediados del año dos mil, impulsando en el país la producción de una
variedad obras en distintos géneros. Según datos proporcionados por
Marcelo Cordero y Cecilia Quiroga en el año 2009 se produjeron cuarenta
películas. Probablemente la cifra sea mayor si se contabilizan las
películas finalizadas en distintas ciudades de Bolivia que no fueron
declaradas por sus autores o estrenadas en salas de cine.
De las que se tiene referencia sobre su estreno en salas de cine, el
número de entradas vendidas está entre los ocho mil y veinte mil
entradas, algunas se encuentran en el rango de las ochocientas a siete
mil. Sólo un par de películas filmadas en digital lograron cifras muy
altas, es el caso de “Quién mató a la llamita blanca” con 150 mil
espectadores y “Evo pueblo” con cincuenta mil boletos vendidos.
Es imposible negar que en los últimos años, la calidad de los
argumentos bajara considerablemente, el acceso a la tecnología no
garantiza que las obras tengan la posibilidad de convocar espectadores
a las salas de cine, más aun cuando existe una competencia
desproporcional en cantidad, con calidad visual como norma y con
propuestas atractivas para la lógica del entretenimiento.
Pocas películas lograr recuperar su inversión aun con el sistema
digital, entre ellas está “Día de Boda” con treinta y tres mil
espectadores y “El Pocholo y su marida” con aproximadamente centena
mil asistentes a las salas de cine, dos comedias que cautivaron al
público boliviano.
Frente a esta realidad no se puede tomar la decisión de abandonar la
idea de alentar la producción nacional, más al contrario, es el momento
de hacer un alto y replantear la idea, puesto que el avasallamiento del
cine comercial norteamericano está estimulando al consumo de
contenidos banales y extraños a la realidad que estamos viviendo. Es en
este momento cuando se requiere transformar la manera de hacer cine en
Bolivia y por tanto de fomentar esta actividad desde una postura
propositiva y creativa.
Un nuevo diseño de Fondo de Fomento debe contemplar dos tipos de
recursos, uno de subvención, para obras monumentales de interés
nacional y para proyectos de jóvenes realizadores que trabajen en su
operas primas.
Un Fondo debe contemplar toda la cadena productiva de la cinematografía
desde la creación, desarrollo, producción, post- producción,
comercialización, distribución y difusión. Adicionalmente se debe poner
énfasis en la certificación de los excelentes profesionales que en la
actualidad existen en el país, para jerarquizar el campo técnico y
creativo y sobre todo generar un proceso de formación profesional por
medio de una escuela de cine que se oriente a educar a los nuevos
realizadores en base a los desafíos tecnológicos que se presenta en el
futuro inmediato.
Así mismo, el Estado debe garantizar que las obras puedan finalizarse
con calidad internacional dentro del país, para ello es importante
invertir en tecnología de filmación y finalización de películas
digitales instalada en el territorio nacional para no tener que pagar
en el exterior estos servicios.
El tercer elemento es sin duda garantizar desde el Estado la
distribución, comercialización y exhibición de las nuevas películas
bolivianas. Esta es una debilidad enorme pues la obra audiovisual no
está completa si no tiene un plan para la recuperación de su inversión,
si no tiene un plan de difusión, distribución y comercialización.
El cuarto punto que no puede faltar es la implementación de políticas
públicas para la educación audiovisual, para incidir en el campo de la
educación formal en primara y secundaria. Así los niños y los jóvenes
del país tendrán una preparación para enfrenar la avalancha mediática,
a las que están expuestos todos los días y también tendrán los
elementos suficientes para cultivar un sentido crítico de la realidad y
no una actitud únicamente consumista.
¿Por qué la Ley del Cine no se aplicó en su integridad?
Es únicamente en la gestión de Cecilia Quiroga que se define como base
de trabajo, el cumplimiento estricto de cada uno de los artículos
consignados en la normativa para la cinematografía boliviana. El Plan
Estratégico para diez años y los informes de gestión, claramente
demuestran que se definió como mandato la aplicación de la norma hasta
en sus más mínimos detalles.
Esta actitud no fue igual en otros Directores del CONACINE, se puede
decir por los diálogos y entrevista realizados a varios de ellos que
cada cual organizó su gestión en base a los desafíos que tenían por
delante. Por ejemplo la prioridad de Armando Urioste fue la
reincorporación del país al proyecto Ibermendia y Doctv, así como
realizar cambios a la Ley; para Cesar Pérez, entre sus prioridades
estaba la realización de un Taller de Alfabetización de la Imagen para
profesores del sistema escolar y cambios a la ley; Patricia Flores puso
énfasis en la regularización del Fondo de Fomento para la recuperación
de los dineros públicos y una propuesta para la modificación de la Ley
del Cine.
La aplicación de la ley del cine pasó por varias etapas, en los
primeros años cuando se puso en práctica esta norma todo fue nuevo,
comenta Eduardo López “comienza una gestión muy rápida para conseguir
recursos, con una participación seria y activa de los componentes del
Estado y una gran cohesión en el sector audiovisual, que significó una
enorme ventaja. Esa cohesión duró mucho tiempo, se fue resquebrajando y
se volvió a recomponer los equilibrios en mi tercera gestión”.
De alguna manera el entusiasmo del sector audiovisual fue cambiando
cuando se aplica en rigor de la ley, la política de fomento que
contemplaba un fondo rotatorio, sobre la base de un prestamos comercial
con interese bajos en relación al sistema financiero de la época, pero
que a la postre significó el desastre que llevó a la quiebra del Fondo
de Fomento Cinematográfico.
Algo de no puede pasar por alto es que esta Ley fue tratada como una
norma de segunda categoría, se sobrepusieron otras leyes y no se
permitió desde la estructura Estatal su pleno cumplimiento, por más
esfuerzos realizados de parte de sus autoridades, no se logro que la
sociedad civil se vinculara con la norma legal y que las diferentes
instancias estatales la respeten y la ejerzan.
Si la norma no determina sanciones contundentes para quien la infrinja
difícilmente una ley podrá tener mejor destino que la 1302. Por otra
parte el Estado está llamado a hacer que se cumpla plenamente.
Definitivamente se requiere un control social que haga seguimiento no
solo a la gestión administrativa y del uso de los recursos públicos en
el servicio públicos, también al buen cumplimento de la norma y los
reglamentos de parte de la sociedad civil.
Propuestas de modificación a la ley del cine
Desde hace ocho años existe la inquietud de plantear algunas
modificaciones y adaptaciones a la ley y a su reglamento, en especial
aspectos relacionados con el Fondo de Fomento. Casi todos los ex
directores se dieron cuenta de los vacios de la norma e intentaron
hacer modificaciones, e incluso construir una ley nueva.
Las propuestas de modificación y actualización a la Ley del Cine surgen
sobre la base de la experiencia directa de dirigir la institución y
encontrarse con claras limitaciones, es así que existen documentos
referidos a consultorías técnicas y legales sobre todo con la inquietud
de captar recursos para reanimar el Fondo de Fomento en las gestiones
de Patricia Flores, Armando Urioste y Cesar Pérez.
Uno de los aportes más relevantes es el trabajo realizado por Gonzalo
Castellanos, especialista colombiano quien evaluó y planteo una
propuesta para modificar la ley, respecto a la creación de un sistema
de recaudación parafiscal en el que empresas privadas invierten en
proyectos cinematográficos por medio de los pagos de impuestos.
Este tipo de política exitosa en Colombia, requiere acciones más
contundentes que en el país están siendo reflexionadas, a través de la
ley de promoción cultural.
La búsqueda de incluir cambios en la ley del cine motivó también a
organizaciones de la sociedad civil, es el caso de las propuesta de
modificación sobre la base de la 1302 realizadas por la Asociación de
Cineastas de Bolivia (ASOCINE) y de la Asociación de Trabadores de la
Imagen de Bolivia (ATIB), por su parte también está en construcción la
propuesta de miembros de la Cámara de Empresarios Cinematográficos,
entre otros.
Sobre la propuesta de la ATIB
Uno de los elementos que se destaca en el documento propositivo para
la modificación de la ley del cine es la creación e inclusión de los
Consejos Departamentales de Cine (DODECINES) y la restructuración del
directorio respecto a quienes componen este órgano de gobierno
institucional, involucrando a representantes de sectores del campo
audiovisual distintos a los que figuran en la actual ley y
representantes de diversas regiones.
Así mismo en la propuesta se destaca la inclusión de recursos
económicos, en los planes operativos anuales de municipios y
gobernaciones para alentar la actividad cinematográfica en las regiones.
Y por último la recaudación del 50% de los impuestos de empresas de televisión para destinarlos el Fondo de Fomento.
Los dos primeros puntos, responden a una necesidad sentida de otorgar
legitimidad al Directorio del Consejo con participación de otras
regiones, una propuesta justa y necesaria, esto conlleva, al mismo
tiempo la necesidad involucrar a los gobiernos locales, para que con su
propio presupuesto tome parte en el fomento a la actividad productiva
audiovisual en la región. Y en cuanto al tema impositivo, la televisión
es uno de los factores generador de recursos, pero no es el único, por
tanto la propuesta es incluir a toda actividad económica que conlleve
el uso comercial de imágenes en movimiento sin importar el medio o
soporte tecnológico.
Propuesta de Gonzalo Castellanos
En la propuesta realizada por el consultor del Convenio Andrés Bello, se destaca lo siguiente:
Se propone subsidios financiados con recursos del presupuesto público o
mediante un impuesto al boleto de cine u otras ventanas de difusión.
Los recursos destinados a la actividad cinematográfica local deberán otorgarse mediante un sistema de concurso.
Los subsidios deben estar dirigidos a apoyar las etapas de
preproducción, producción y post producción en forma no reembolsable o
a través de créditos y subsidios. La otorgación deberá ser en
porcentajes fijos sobre el valor de cada producción local.
Se plantean incentivos tributarios a las donaciones e inversiones de
terceros que no figuren como productores de la obra cinematográfica.
Exoneración de impuestos a la inversión directa del productor nacional
en producciones locales, e incentivos a la reinversión de rentas de
productores en nuevas producciones.
Titularización mercantil de proyectos cinematográficos, mediante
títulos negociables en el mercado de valores, como los proyectos
inmobiliarios o de infraestructura, e incentivos tributarios
consistentes en deducciones por inversión en títulos valores de esta
naturaleza.
Facilitación de inversión extranjera en proyectos de coproducción,
mediante la imposición de menores gravámenes al ingreso de divisas.
Destinación de recursos del presupuesto nacional, para apoyar sistemas
de redescuento en el crédito financiero a menores tasas de interés o la
ampliación de un sistema de garantías bancarias a través de entidades
financieras.
Creación de fondos especiales para el conjunto de actividades de
promoción a la producción local, provenientes de porcentajes fijos de
los ingresos de la televisión.
Por último se plantea la exhibición de filmes nacionales y
coproducciones bolivianas de largometraje, corto o medio metraje en
salas de cine en el territorio nacional en cualquier formato, exentos
del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), transacciones (IT), y a
las utilidades (IU).”
El modelo colombiano que plantea Gonzalo Castellanos, no deja de ser un
interesante referente para la generación de una política de fomento, el
precepto de “devolver al audiovisual boliviano aquello que la industria
audiovisual genera en impuesto para el fomento del cine en el país” es
sin duda un postulado que reivindica la dignidad de cualquier país que
permitió durante muchas décadas que la actividad comercial se posesione
y desarrolle éste nicho económico que ha dado grandes ganancias.
Es probablemente en el método donde existen diferencias entre la
experiencia colombiana y la boliviana. En primer lugar no existe un
sistema de contribución para fiscal en el país y crearlo no está, desde
mi apreciación, en los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas.
Del mismo modo, no es política de Estado la exención de impuestos, como
manifiesta, el economista Jaime Duran mimbro del Directorio de CONACINE.
Si bien Colombia por medio de su nueva política de fomento ha pasado de
un fondo de ciento cincuenta mil dólares al año para varias películas a
casi trescientos mil dólares por película, la realidad a tiempo de
evaluar esta estrategia nos demuestra que esta política de fomento
financia el 40% del total presupuestado para una película con
expectativita de éxito en taquilla. La proyección en el mejor de los
casos es de convocar en salas de cine de 560 mil espectadores, con lo
cual no se logra la recuperación de la inversión. De 15 películas al
año producidas en Colombia en el 2011 solo dos lograron superar esa
barrera y generar ganancias.
A través del informe del cineasta Julio Luzardo, podemos evidenciar que
el boom de los Fondos de Fomento en Latinoamérica tiene por detrás una
fila de realizadores con problemas de deudas al Estado y una situación
más compleja que la nuestra.
La propuesta de la Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE)
Tanto el proyecto de la ATIB como de ASOCINE, desarrolla un proceso de
actualización y enmienda sobre la estructura de la Ley del Cine 1302.
En el caso particular de los cineastas, se plante una renovación o
adecuación equivalente al 50% de la actual ley.
Los aportes más importantes son los siguientes:
La primera propuesta extiende el ámbito de la norma del cine al audiovisual, teniendo como base la producción del video.
El segundo espeto relevante es que se define por actividades
cinematográficas y audiovisuales “las referentes a la creación,
producción, distribución y exhibición de filmes y las labores conexas
de información, recreación y cultura”.
En cuanto al uso legal del material audiovisual estable lo siguiente:
“Todo filme, para ser exhibido o comercializado en el territorio
nacional, deberá contar con los derechos de comercialización para el
territorio nacional y estar legalmente registrado en el Consejo
Nacional de Cine (CONACINE)”.
Un aporte importante es el compromiso del Estado a ser parte de
convenios internacionales. La propuesta textualmente determina:
“participar en todos los convenios internacionales en el ámbito de la
cinematografía y el audiovisual de acuerdo a normas de reciprocidad
suscritas”.
Si bien en el ámbito de las definiciones contempla al audiovisual, en
el cuerpo de la ley hace mención al video y la televisión, sobre todo
en cuanto respecta al tema de derechos de autor y la legalidad del uso
de permisos de difusión y exhibición.
Ratifica en su generalidad los postulados de la actual Ley del Cine y
se finalidad es una actualización conceptual, sin llegar a proponer una
alternativa en relación al Fondo de Fomento.
¿Por qué no reformar la actual ley del cine y pensar en una nueva ley?
La Ley del Cine 1302 promulgada en diciembre del año 1991, en su
estructura fundamental no es mala, “per resulto insuficiente frente a
la realidad y la dinámica de los hechos. La ley tiene problemas de
origen, fue aplicada cuando cambio la política económica en el país y
se vino el 21060” destaca Eduardo López.
En palabras de Pedro Susz “la Ley del Cine ha cumplido a medias con sus
objetivos y ha tenido una aplicación muy parcial. Entre otras cosas
porque coincidió casi dramáticamente con un cambio radical de lo que es
la estructura del espacio audiovisual en Bolivia, ése ha sido uno de
los elementos que ha dificultado su aplicación, porque había enunciados
que ya no eran aplicables, había enunciados que estaban absolutamente
desfasados con lo que necesitaba el espacio audiovisual como mecanismo
de ordenamiento y de fomento”.
Desde mi punto de vista, es un hecho que el fracaso de la ley no se
atribuye únicamente a los cambios en la estructura del espacio
audiovisual, el Estado demostró claramente ser débil para implementar
normas que no implica sanciones explicitas para quienes las incumplen.
El desconocimiento de la Ley de funcionarios públicos y de los propios
realizadores audiovisuales, son argumentos contundentes para comprender
esa poca capacidad de ser aplicada.
Un nuevo intento de formular una ley del cine para Bolivia
Sin desmerecer los aportes de los distintos sectores que trabajaron por
realizar cambios que se acomoden a la nueva realidad que vive el ámbito
de la producción cinematográfica en Bolivia y con el propósito de tomar
las reflexiones y propuestas más coherentes. Esta consultoría a
solicitud expresa del Director de CONACINE el Lic. Demetrio Nina y la
coordinadora de parte del Ministerio de Culturas en la gestión de la
Ministra Salguero, la Lic. Susana Rico, inició un trabajo de revisión
bibliográfica y documental, así como la organización de diálogos con
distintos actores del ámbito, para realizar un diagnóstico de la
aplicación de la ley y una propuesta que sirva de base para un
anteproyecto.
Este emprendimiento se fue trabajando, en principio por el lapso de
ocho semanas, que resultaron totalmente insuficientes para encara un
objetivo tan complejo.
Los aportes fundamentales del encuentro de los distintos sectores
relacionados con el cine y el audiovisual realizado en la ciudad de
Santa Cruz el 12 y 13 de noviembre de 2011, nos dejan como enseñanza la
necesidad de realizar un proceso de transformación en una nueva
legislación del cine, vinculada al nuevo ordenamiento jurídico que
surge con la actual Constitución Política del Estado.
En primer lugar, una nueva ley del cine debe ser también para las artes
audiovisuales, es decir aquellas manifestaciones estéticas expresadas
en soportes digitales que permite crear obras de ficción, documental y
animación tanto para ser exhibidas en salas de cine como para
televisión o Internet. Las artes audiovisuales se desprenden de la
esencia del cine clásico, es una evolución respecto al uso de soportes
modernos provenientes de las nuevas tecnologías.
Desde este criterio no corresponde a una nueva propuesta de ley,
referirse únicamente al ámbito audiovisual puesto que en este término
se inscriben todo tipos de contenidos, publicitarios, propagandísticos,
educativos, institucionales, comerciales, de producción casera,
amateur, programas de televisión, registros fílmicos de todo tipo sin
valor discursivo, juegos, y otros.
Para ésta categoría, es mejor reflexionar en una Ley de Medios
Audiovisuales donde se establezca una normativa que contemple toda
experiencia vinculada a la imagen en movimiento con o sin sonido y que
no esté identificada como cinematográfica o artes audiovisuales.
Es importante que la institución del Estado a cargo de la
cinematografía y las Artes Audiovisuales se denomine Consejo por cuanto
ésta modalidad permite que el diseño, planificación, implementación y
control se realice con la participación de distintos actores que
representen a las regiones y a los diversidad vinculada con ésta
actividad cultural y económica. Una alianza entre sociedad civil y
Estado.
De acuerdo al nuevo carácter que tiene Bolivia como Estado, el Concejo
debe denominarse Plurinacional para que en su esencia éste dirigido a
destacar la naturaleza de un país diverso, con múltiples identidades
culturales, propias de un territorio que contiene variadas y
particulares naciones.
En esencia el nuevo Consejo Plurinacional de Cine y Artes Audiovisuales
en su estructura debe estar compuesto por miembros de la sociedad civil
que tengan representatividad y legitimidad respaldadas por sus
organizaciones en base a sus estatutos y su nombramiento sea resultado
de un proceso democrático y participativo.
Por otro lado es importante la presencia de los Ministerios de
Cultura, Comunicación, Relaciones Exteriores, Educación, Economía y
Finanzas como parte activa del Consejo, en concordancia con las
representaciones de la sociedad civil que representen a las tres
regiones macro del país, Altiplano, Valles y Oriente.
La nueva propuesta que surge durante este tiempo de trabajo, diálogos y
reflexiones busca tomar el espíritu de la Ley del Cine 1302 en cuanto a
sus cuatro ejes fundamentales que en un análisis comparativo con las
leyes de Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y
República Dominicana en el fondo mantiene esa estructura básica.
El mayor desafío no está en la redacción de artículos que definan y
normen la actividad en el nuevo Estado, se encuentra en la capacidad de
poner en vigencia esta normativa sobre la base de un firme compromiso
del Estado y sus autoridades para que no ocurra una suerte de abandono
a esta actividad que tiene significativa importancia estrategia para el
país en su camino hacia la descolonización del ser boliviano. Sobre
todo en una suerte de guerra o competencia desigual respecto a la
gigantesca industria audiovisual y nuestro propósito de sentar
soberanía en el país con el objeto de fomentar e impulsar la generación
de nuestras propias y diversas imágenes.
Un nuevo Fondo de Fomento
Definitivamente, una entidad del Estado encargada para la promoción de
la cinematografía boliviana y las artes audiovisuales no tiene sentido
si no cuenta con un Fondo de Fomento o Fondo de Desarrollo que cada año
tenga ingresos propios y no como en el caso de la 1302, la asignación
por única vez. Todos los países de la región establecen como política
de Estado destinar recursos bajo la figura de un Fondo para la
cinematografía nacional porque ésta actividad dejaría de existir si no
hay una participación del Estado.
LA fórmula para alimentar este fondo en el caso de Perú es por medio de
un impuesto del 10 % al valor de la taquilla y el 1% del monto de la
tarifa por pago anual de la tarifa de teléfonos y servicio de
televisión por cable.
En nuestro caso la propuesta es la siguiente:
Sobre la base del pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a
la Transacción (IT) y los Impuesto a las Utilidades (IU) de toda
actividad relacionada con el audiovisual, ya sea taquilla de cine,
facturación de las empresas productoras de videos, cine, servicios de
exhibición, distribución, comercialización de películas, servicios de
comunicación audiovisual, canales de televisión de señal abierta o por
cable, Internet y otros que manejen imágenes en movimiento, es decir
todos los impuestos de ese sector pase luego de ser recaudados por
Impuestos Internos al Fondo de Fomento para el Desarrollo de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
En el supuesto caso que toda la actividad audiovisual en el país
facturara en un año cuarenta millones de bolivianos, el 16%
correspondiente sólo al IVA y el IT, generaría seis millones
cuatrocientos mil bolivianos cada año.
La razón que sirve de argumento para la creación de un fondo destinado
a la actividad cinematográfica y audiovisual tiene que ver con lo
siguiente: el cine es parte de la llamada economía creativa que tiene
el potencial de fomentar el crecimiento, la creación de empleo, las
ganancias de exportación, y a la vez, promover la inclusión social, la
diversidad cultural y el desarrollo humano por medio de la oferta de
servicios y bienes con contenido creativo, valor cultural y objetos de
mercado.
Bajo una lógica de descolonización, Bolivia no puede dejar de lado la
responsabilidad que tiene el Estado de establecer un equilibrio en el
ámbito del consumo cultural donde las imágenes y los contenidos de
productos audiovisuales que son ampliamente consumidos en el país,
provienen fundamentalmente del norte. Se estima que el 99% de películas
que se exhiben en las salas de cine del país son extranjeras
predominantemente estadounidenses.
En los últimos años unos pocos empresario se dieron la tarea de traer
cine independiente, con el fin de ampliar la oferta cinematográfica y
abrir a otras miradas la posibilidad de apreciar cine con otros
referentes de contenidos y propuestas estéticas, si bien las salas se
han abierto a este tipo de contenidos, existe una supremacía y
preferencia al cine de industria en la cultura del espectador boliviano.
La cuota de pantalla debe contemplar también la apertura al cine
independiente del mundo, especialmente latinoamericano con trato
preferencial, para que de este modo también nuestro cine tenga espacio
en salas de los países vecinos e hispanohablantes.
Cuatro ejes fundamentales en una política de Estado sobre cine
Una política de fomento a la actividad cinematográfica no puede
sustentarse únicamente en la disponibilidad de recursos económicos,
debe estar articulada a cuatro ejes centrales.
o Una
política de educción para niños, niñas y adolescentes desde la
curricula escolar respecto a una mirada crítica del uso y consumo del
audiovisual y la formación de públicos para la construcción de una
cultura cinematográfica.
o Un plan de formación profesional de recursos humanos calificados y competitivos.
o
Una política de fomento que prevea la asignación de fondos
concursables, reembolsables y no reembolsables destinados a toda la
cadena productiva de producción, el fomento a la coproducción con
otros países, con visión de mercado nacional e internacional.
o Una
política de Estado que impulse la creación de una Comisión Fílmica, una
empres estatal de distribución y comercialización de cine y audiovisual
boliviano a nivel nacional e internacional, una productora equipada
técnicamente para desarrollar proyecto de producción hasta la
finalización en cine digital, una red alternativa de distribución y
exhibición de producción nacional.
o Una política adecuada de cuota de pantalla para salas y canales de televisión.
o Una
política para salvaguardar las imágenes en movimiento que prevea el
retorno de la responsabilidad del Estado respecto al patrimonio
fílmico, impulsando el fortalecimiento de la Cinemateca Boliviana y la
creación de una red de cinematecas en distintas ciudades del país.
Educación como prioridad
Si bien la ley 1302 establece como mandato al CONACINE “coordinar la
formulación de planes y programas destinados a introducir la materia de
lenguaje audiovisual en la currícula de las normales en la formación
docente” (artículo 30 de la ley 1302) y se realizaron importantes
esfuerzos para cumplir con este mandato en las gestiones de Cecilia
Quiroga , Patricia Flores y Cesar Pérez, en los 20 años de la ley la
realidad es que aun no se ha logrado introducir esta materia en la
educación regular, siendo que el tema audiovisual es parte substancial
en el actual sistema de consumo de bienes culturales en el mundo y en
Bolivia.
En colegios particulares, de convenio y en algunos fiscales los
profesores de manera esporádica y en función a sus posibilidades, hacen
uso de los medios audiovisuales como instrumentos para que los
estudiantes accedan a cierto tipo de contenidos y motivar la reflexión
o la discusión.
Desde hace un año el Ministerio de Educación está trabajando en la
implementación de los telecentros, para que a través de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TICs) se acceda a una diversidad de
material educativo en áreas rurales y urbanas, así de este modo ampliar
el horizonte de la educción, sin embargo, en la nueva ley de educación
Avelino Siñani, de manera expresa no figura la educación para la imagen
sin embargo plantea como una de sus principales bases lo siguiente:
La educación “es descolonizadora, liberadora, revolucionaria,
anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las
estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las
comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del
Estado Plurinacional y el Vivir Bien”.
En este contexto implementar una metería para el análisis de la
producción audiovisual y cinematográfica y la valoración de todo cuanto
generan los medios de comunicación, es coherente con las bases
fundamentales que establece la ley de educación.
Sin embargo, el tema no es si este aspecto debe o no figurar en la ley,
sino la falta de interés de parte del propio Ministerio de Educación
por incorporar entre sus tareas una reflexión como esta.
De menara individual algunos profesores tienen esta iniciativa, en
varios momentos las autoridades del CONACINE realizaron talleres y
motivaron la discusión para comprender el valor que tiene incluir este
tema en la educación formal, pero sin el firme respaldo de la principal
institución, es decir el Ministerio de Educación, éste es un esfuerzo
que se desvanece.
Estudios realizados en México y España demuestran que los niños en la
actualidad consumen diariamente entre tres a cuatro horas de
televisión, casi la misma cantidad de horas que asisten a clases, esto
significa que están expuestos a una serie de información que difunde
valores, ideología, maneras de comportamiento que influirán de una u
otro manera en su formación integral. La diferencia es que en este
proceso de consumo cultura no están los padres o el maestro para
acompañar en la reflexión de cuanto consumen los niños hoy en día.
Un segundo aspecto importante es la formación de nuevos públicos, es
decir crear las condiciones para que las personas puedan acceder a
producciones cinematográficas no comerciales en salas donde se programe
en base a temáticas, autores, géneros, países, periodos de la historia.
Este tipo de programación permitirá a los espectadores acceder al cine
de distintos países del mundo, con el fin de ampliar su cultura
cinematográfica, en lo narrativo y estético.
Esta importante misión propia de las cinematecas que existe en
distintos países debe ampliarse en Bolivia a otras regiones, ciudades y
poblaciones rurales, llegar a colegios, centros culturales e impulsar
la actividad creativa de nuevos realizadores.
Por otra parte, hasta hoy el Estado no se ha preocupado por atender la
formación profesional en el campo audiovisual, este es un segundo
aspecto importante. Si bien se realizaron esfuerzos para crear una
carrera de cine en el sistema universitario como se plantea en el
artículo 32 de la ley 1302, varias autoridades del CONACINE
desatendieron este precepto.
En este tiempo para ser competitivos en el campo cinematográfico y
audiovisual, se requiere acreditar a los profesionales nacionales y al
miso tiempo crear una carrera de cine y audiovisuales a nivel
licenciatura con profesores calificados, infraestructura moderna y
suficiente para la creación de obras cinematográficas independientes.
Subvención y recursos de apalancamiento
En la actualidad no se puede pensar en fondos que subvencione toda la
producción de una película o de varias películas puesto que esto
implica grandes recursos económicos, pero al mismo tiempo se debe
fomentar la capacidad creativa, es así que se planteó en la comisión de
Fondos de Fomentos de la reunión del sector audiovisual realizado en la
ciudad de Santa Cruz, que se divida en dos el fondo, un monto destinado
a promover nuevos talentos que cuente con subvención para proyectos de
pequeño formato (cortos), así como la subvención de proyectos
cinematográficos y audiovisuales de prioridad nacional en formato
documental, ficción y animación en largo metraje.
Así mismo se deben destinar recursos que sirva para la producción de
películas de todo género con la perspectiva de recuperar su inversión,
con fondos reembolsables y de este modo apoyar proyectos creativos y
de coproducción.
La modalidad que se utiliza en otros países es la de fondos concursales
o competencia de proyectos. Para logar que este sistema sea exitoso se
requiere crear una Comisión Técnica, compuesta por gente experimentada
en la evaluación y valorización de proyectos cinematográficos de
calidad, una instancia que debe ser contemplada y reglamentada en la
nueva ley .
La cuota de pantalla y otras ventanas de difusión
La cuota de pantalla no puede ser expresada en una ley como una formula
inamovible, tampoco puede ser vista como un instrumento que impone el
Estado para regular el mercado cinematográfico.
En el caso de la televisión, la cuota de pantalla debe servir para otorgar oportunidades a los realizadores nacionales.
Una forma de incentivar el merado audiovisual es propiciar que toda
publicidad para televisión o salas de cine se produzca en el país, por
empresas bolivianas. Actualmente en el artículo 18 se establece que el
60% de las publicidades en la televisión debe ser hechas es Bolivia. La
nueva ley debe fijar el 100% y generar mecanismos de control y sanción
que permitan garantizar su vigencia.
Una normativa respecto a la cuota de pantalla debe ser coherente con
otras leyes existentes como es el caso de la ley de telecomunicaciones.
La cuota de pantalla debe ser definida anualmente en base a criterios
técnicos estudiados por la Comisión Técnica y reglamentadas por el
Directorio del Consejo.
El Estado al abrir las oportunidades a los realizadores nacionales para
que produzcan la publicidad para la televisión y el cine, no sólo está
dando oportunidades de trabajo a los realizadores bolivianos, también
esto tendrá repercusión a tiempo de producir cine de calidad y con
proyección de mercado.
Del mismo modo es importante Crear una Comisión Fílmica en coordinación
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y de
Culturas para promocionar Bolivia como un país donde se puede filmar
películas, series documentales o de cualquier otro género con el fin de
atraer recursos económicos de productoras audiovisuales internaciones,
como el caso de la película Blackthorn que permitió el ingreso de
divisas extranjeras al país y se convierte en una película promotora
del turismo hacia Bolivia.
¿Cuál debe ser el horizonte?
La primera medida es reconstruir la institucionalidad del nuevo Consejo
Plurinacional de Cine y Artes Audiovisuales en el cual se exprese la
diversidad, el reconocimiento y la participación de la identidad
indígena para un cine que refleje las transformaciones de una Bolivia
diversa.
Esta nueva institucionalidad debe dar señales de inclusión a los
diversos sectores y las distintas regiones del país. Debe ser
transparente, inclusiva, moderna, participativa y proactiva.
Una nueva institucionalidad debe superar los errores del pasado, en
este sentido no sólo se trata de crear un espacio más para la
burocracia estatal, sino de dotarle de capacidad de gestión, recursos
suficientes para ser una instancia de promoción del cine boliviano en
el exterior y enfocar sus esfuerzos para alentar una mejor calidad de
productos que representen al país en distintos escenarios, festivales,
muestras e incluso tener espacio en otras plazas de difusión y
exhibición a nivel internacional.
Para lograr esta meta, se debe reestructura su base presupuestaria que
es limitante y mejorar la labor institucional. Esto se logra al definir
claramente una política de captación de recursos sobre la base de la
misma actividad audiovisual que se da en el país, para ello se debe
desarrollar estudios y propuestas que se reflejen en el nuevo marco
normativo de la nueva Ley.
La autoridad cinematográfica que presida este Consejo debe contar con
el respaldo del Estado y no ser dependiente en sus decisiones, el
Consejo debe tener tuición con el Ministerio de Culturas y un
importante relacionamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores
para lograr acuerdos y convenios con distintos países, con el fin de
ampliar las posibilidades de hacer cine en coproducción y abrir nuevos
escenarios para nuestra producción cinematográfica y audiovisual.
Una política de Estado en el campo de la cinematografía requiere cinco ejes fundamentales.
1. Un
Fondo de Fomento accesible para jóvenes talentos, producción y
coproducción de obras que puedan recuperar su inversión por medio de la
venta de taquilla y por contratos de exhibición en salas
internacionales y canales de televisión. Todo esto en base a una
política de fomento orientada a toda la cadena económica, es decir para
la producción, distribución, exhibición, comercialización.
2. Una
política agresiva para fomentar la formación profesional y la formación
de públicos orientada a la producción de calidad y a la formación de
audiencias con mirada crítica.
3. Implementar al interior del Consejo tres pilares:
o Gestión transparente y consecuente con un plan a largo plazo.
o Un
equipo de comunicación e información que esté en constante actividad a
través de distintos medios con el fin de comunicar e informar sobre las
actividades del Consejo y sobre las distintas oportunidades que pueda
gestionar la autoridad cinematográfica. Promover y publicitar las
películas nacionales.
o Un
equipo dedicado al relacionamiento internacional para impulsar la
formación de recursos calificados, participación en festivales, fondos
internacionales que impulsen a los realizadores nacionales de forma
competitiva a nuevos escenarios.
4. Recuperar
la dignidad, reglamentando la actividad comercial de la cinematografía
para que la producción local tenga de forma progresiva cabida en las
pantallas nacionales y se dé la oportunidad para el cine independiente
del mundo con el fin de contrarrestar la hegemonía de la industria
cinematográfica norteamericana que es monopolizadora respecto a la
imposición de sus contenidos.
5. Implementar
una política de preservación del patrimonio fílmico nacional con
recursos económicos suficientes para desarrollar las tareas de
preservación, recuperación y divulgación de nuestras obras
patrimoniales. Esto implica desarrollar un plan para la recuperación
de las verdaderas funciones que debe cumplir la Cinemateca Boliviana.
Apreciaciones finales
Una de las causas para que el CONACINE pierda su horizonte en los
últimos años, es no haber dado continuidad a los logros alcanzados en
las primeras gestiones, cuando se construían los cimientos de la
institución. Cada director Ejecutivo implanto su propio agenda de
trabajo, se descuidaron los acuerdos logrados , no se tomó como mandato
de gestión la misma ley que claramente establece la ruta critica para
desarrollar la cinematografía boliviana.
Por su parte el Estado desatendí al sector y no generó las condiciones
para que esta actividad se convierta en la vanguardia para expresar al
mundo la riqueza de su diversidad cultural, sus contrastes y valores de
todo cuanto existe y ocurre en este país.
Por otro lado el CONACINE perdió la rienda cuando asumió la
administración de los recursos del Fondo de Fomento, siendo que este
tipo de actividad requiere de una infraestructura y una pericia
concreta, desarrollada en los sistemas financieros del país, ese no fue
un erro de la ley sino de quienes estaban a cargo de cumplirla y
hacerla cumplir.
Es imposible pensar en una nueva Ley si acaso no se atiende las
demandas de los diferentes sectores relacionados con la actividad
audiovisual en el país, no se puede dejar de lado el impulso a la
actividad cinematográfica nacional porque es la industria que está
floreciendo en la mayoría de los países latinoamericanos y de otras
regiones del mundo.
Existe un mercado internacional en proceso de expansión y debemos
producir para ese mercado con contenidos propios, de calidad y calidad
competitiva.
Sobre la propuesta como anteproyecto de Ley del Cine.
De manera voluntaria se organizó una comisión compuesta por Dr. Jaime
Cañaviri, Asesor Legal; Demetrio Nina, Director; Elizabeth Osco y
Gladis Daza funcionarios del CONACINE y mi persona Nelson Martínez, que
desde el 3 de enero al 1 de febrero se trabajó en un taller Técnico
Legal en la propuesta que fue presentada al Directorio en reunión
extraordinaria.
Ajunto a este informe de consultoría, se encuentra el documento base
para una nueva Ley del Cine y Artes Audiovisuales, fruto de la
reflexión que se inició desde el 21 de septiembre del pasado año y que
se presenta a continuación.
Bibliografía
Flores, Patricia, Palacios.2006.Consejo Nacional del Cine Información de Gestión “004 – 2005. La Paz CONACINE.
Alcocer, Sergio. Marechal, Alexis.2003. “La Cinemateca Boliviana”. Editado por Fundación Patiño. Ginebra.
Morales, Rolando. 2000. Bolivia, Política Económica, Geografía y Pobreza. UASB.
Susz, Pedro, Quiroga, Cecilia. Consejo Nacional del Cine, Plan estratégico 1998 – 2001. La Paz.
Decreto Supremo 27745, 2004. Promulgado por el entonces Presidente Carlos Mesa. La Paz.
Decreto Supremo 0367. Promulgado por el Presidente Evo Morales Ayma.
Foseca, Ana Carla, Rie. 2008. Economía Creativa como estrategia de
desarrollo: una visión de los países en desarrollo / organización . Sao
Paulo: Itaú Cultural.
Informe de gestión de Cesar Pérez, CONACINE, La Paz. 2010.
Informe de gestión de Cecilia Quiroga, CONACINE, La Paz.
Informe de gestión de Ariel Gamboa, CONACINE, La Paz.
Informe de gestión Armando Urioste, CONACINE, La Paz.
Informe de gestión de Eduardo López, CONACINE, La Paz.
Luzardo, Julio. 2011. Manual Para Hacer Cine en Colombia o Cómo
sobrevivir las convocatorias del Fondo Cinematográfico (FDC) y no
quebrarse en el intento. Publicado en:
http://www.enrodaje.net/4manual_para_hacer_cine_en_colombia.htm
Proyecto de modificación de la Ley del Cine elaborado por ASOCINE, documento proporcionado por Cecilia Quiroga.
Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez Ley 070 (20 Diciembre 2010)
Ministerio de Educación. 2011. Educación Secundaria Comunitaria
Productiva. Campo de saberes y Conocimientos: Comunidad y Sociedad. La
Paz.
Ministerio de Educación. 2011. Educación Secundaria Comunitaria
Productiva. Campo de saberes y Conocimientos: Vida Tierra Territorio.
La Paz.
Ministerio de Educación. 2011. Educación Secundaria Comunitaria
Productiva. Campo de saberes y Conocimientos: Ciencia, Tecnología y
Producción.
Ministerio de Educación. 2011. Programas de Estudio. Educación Inicial en Familia Comunitaria.
http://www.paginasiete.bo/2011-06-09/Cultura/Destacados/27Cul00109.aspx
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-08-03/vernotaescenas.php?id=110802234620
Entrevista a Claudio Rosell. Viceministerio de Gestión Comunicacional. Marzo 2012
Entrevista a Cecilia Quiroga. Ex Directora de CONACINE. Marzo 2012
Entrevista a Demetrio Nina. Director de CONACINE. Marzo. 2012
Entrevista a Guillermo Biner. Empresario Cinematográfico. Febrero 2012
Entrevista a Teresa Videla. Secretara General de CONACINE, Marzo 2012
Entrevista a Eduardo López. Ex Director de CONACINE, Marzo 2012
Entrevista a Patricia Flores. Ex Directora de CONACINE, Marzo 2012
Entrevista a Esperanza Téllez. Ex Miembro del Directorio de CONACINE, Marzo 2012
Entrevista a Pedro Susz López. Ex Director Fundación Cinemateca Boliviana, Marzo 2012
Bolaños, Cesar Ricardo Siqueira. Reflexiones sobre El desarrollo de la
televisión en Bolivia. Boletín Digital de Políticas de Comunicación.
Propuesta de ATIB en reformas cine boliviano.
Sanjines, Jorge. La experiencia boliviana. Publicado en 1972.
Entrevista a Jaime Durán Chuquimia. Miembro del Directorio de CONACINE
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Marzo 2012.
Entrevista a Fernando Aguilar. Cineasta de ASOCINE, Marzo, 2012.
Historia del Cine Boliviano. Publicado por CONACINE. http://www.conacinebolivia.com.bo/
Cordero. Marcelo. Distribución y exhibición de cine nacional e
independiente, una suerte de mercado, elites y pueblo. Publicado en la
Revista Digital Cinemas Cine.
Entrevista a Pedro Susz realizada por Mary Carmen Molina en La revista
digital Cinemas cine.
http://www.cinemascine.net/entrevistadirector/pedro-susz-estamos-en-un-momento-desafiante-del-cine-boliviano-19
Ley del Cine Boliviano 1302 del 21 de diciembre de 1991
Ley de la Cinematografía y Audiovisual Peruana, Marzo. 2012
Senna, Orlando. Ley de Comunicación y desafíos del audiovisual en el continente. Revista Cine Cubano No. 175.
Benavides, Luis. 2004. Metodología Prospectiva. Veracruz, México.
http://www.dvfilm.com/faq.htm
